Normativa sobre residuos peligrosos: Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados

La finalidad principal de la Ley es proteger el medio ambiente y la salud humana, mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y asegurar la transición hacia una economía circular y baja en emisiones de carbono.

Se establecen objetivos cuantificables de reducción de la generación de residuos en peso, con respecto a los generados en 2010: 13% en 2025 y 15% en 2030.

• Lucha contra el Desperdicio Alimenticio: Se incluye un enfoque específico para la reducción de residuos alimentarios (50% per cápita en venta minorista y consumidores, y 20% en cadenas de producción para 2030, respecto a 2020).
• Prohibición de Destrucción de Excedentes: Se prohíbe la destrucción o eliminación mediante vertedero de excedentes no vendidos de productos no perecederos (ropa, juguetes, aparatos eléctricos), los cuales deben destinarse primero a canales de reutilización o preparación para la reutilización.
• Fomento de la Reutilización: Se fomenta el uso de fuentes de agua potable y envases reutilizables en dependencias públicas y el sector de la hostelería y restauración.
• Planes de Minimización: Los productores iniciales de residuos peligrosos que generen más de 10 toneladas al año están obligados a disponer de un plan de minimización a partir del 1 de julio de 2022.

El productor inicial u otro poseedor de residuos está obligado a asegurar el tratamiento adecuado de sus residuos. La responsabilidad concluye cuando se documente debidamente el tratamiento completo.

Las entidades locales deben establecer la recogida separada de las siguientes fracciones:

• Papel, metales, plástico y vidrio.
• Biorresiduos: Antes del 30 de junio de 2022 (grandes entidades locales) y antes del 31 de diciembre de 2023 (el resto).
• Residuos Textiles, Aceites de cocina usados, Residuos domésticos peligrosos y Residuos voluminosos: Antes del 31 de diciembre de 2024.

• Mínimo del 55% en 2025 (con al menos 5% de preparación para la reutilización).
• Mínimo del 60% en 2030 (con al menos 10% de preparación para la reutilización).
• Mínimo del 65% en 2035 (con al menos 15% de preparación para la reutilización).

Los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) no peligrosos deberán clasificarse en, al menos, seis fracciones a partir del 1 de julio de 2022. Además, se prohíbe la incineración o el depósito en vertedero de residuos recogidos separadamente para su preparación para la reutilización o reciclado.

Este título incorpora la Directiva sobre plásticos de un solo uso.

• Prohibiciones (Art. 56): Queda prohibida la introducción en el mercado de ciertos productos, incluyendo cubiertos, platos, pajitas, vasos y recipientes para alimentos de poliestireno expandido, así como cualquier producto de plástico oxodegradable y microesferas de plástico añadidas intencionadamente.
• Precios Obligatorios: A partir del 1 de enero de 2023, se debe cobrar un precio por cada producto de plástico de un solo uso sujeto a reducción (vasos, recipientes para alimentos), diferenciándolo en el ticket de venta.
• Contenido Reciclado y Diseño: Se imponen requisitos de diseño, como la obligación de que tapas y tapones de recipientes de plástico permanezcan unidos al envase a partir de julio de 2024. Además, las botellas PET deberán contener al menos un 25% de plástico reciclado en 2025 y un 30% en 2030.
• Objetivos de Recogida Separada: Se fijan objetivos ambiciosos de recogida separada para botellas de plástico, buscando alcanzar el 90% en 2029.

Este tributo indirecto grava la fabricación, importación o adquisición intracomunitaria de envases no reutilizables que contienen plástico.

• Base Imponible: Cantidad de plástico no reciclado, expresada en kilogramos.
• Tipo Impositivo: 0,45 euros por kilogramo.

Tributo indirecto que desincentiva la eliminación o valorización energética de residuos, fomentando el reciclado y la preparación para la reutilización.

• Tipos Impositivos: Varían según el tipo de instalación y el tipo de residuo (municipales, rechazos, otros). Las comunidades autónomas pueden incrementarlos.

Se actualiza el régimen sancionador, tipificando infracciones y sanciones con mayor precisión, incluyendo el abandono de basura dispersa y el incumplimiento de las obligaciones de la responsabilidad ampliada del productor. Las multas varían entre leves (hasta 2.000 € o 20.000 € para peligrosos), graves (hasta 100.000 € o 600.000 € para peligrosos) y muy graves (hasta 3.500.000 €).

Para garantizar el cumplimiento con la nueva y estricta normativa, es esencial contar con los servicios de una empresa especializada en gestión ambiental.